La Comisión Nacional de Acceso a Justicia tiene por objetivo promover e incentivar el acceso a justicia a través de métodos alternativos de resolución de controversias, disminuir la litigiosidad judicial y optimizar el servicio de Justicia que se brinda a los ciudadanos en todo el territorio argentino.

El concepto de acceso a justicia es más amplio que el de acceso a la justicia ya que incluye una gran variedad de soluciones alternativas de disputas.

Las políticas judiciales tendientes a garantizar el acceso a justicia de las poblaciones más vulnerables se centran en ofrecer a la ciudadanía una variedad de métodos de resolución alternativa de conflictos con el objeto de que los propios afectados puedan encontrar vías de solución de disputas sin necesidad de que ello implique la apertura de un proceso judicial, que por lo general es largo y costoso.

La CNAJ brinda nuevas respuestas a los desafíos del SXXI

La consolidación y el fortalecimiento de los sistemas democráticos contemporáneos han producido un trascendental cambio en el rol del Poder Judicial, que ha derivado ―de manera inevitable― en una ampliación de la esfera decisoria de los jueces.

Las demandas sociales del siglo XXI, que se caracterizan por ser complejas, multiculturales y globalizadas, muchas veces exceden la capacidad regulatoria de los parlamentos y los plazos razonables de ejecución. La relevancia institucional de estas necesidades insatisfechas exige una respuesta por parte de la magistratura, no sólo a través de actos típicamente jurisdiccionales (sentencias), sino también ―y fundamentalmente― mediante el diseño de políticas de Estado de alcances generales y perdurables en el tiempo.

En ese marco, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ideó y puso en funcionamiento un plan de políticas públicas en el ámbito del Poder Judicial, para dar una adecuada respuesta a los nuevos desafíos que debe enfrentar la Justicia de nuestro tiempo.

Políticas de Estado

La CNAJ fue creada en septiembre de 2007, a través de la acordada 37/07 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los objetivos contenidos en el Plan de Políticas de Estado del Poder Judicial y de las conclusiones alcanzadas en la Segunda Conferencia Nacional de Jueces, realizada ese mismo año en la Provincia de Salta, República Argentina.

Las conferencias de jueces consisten en reuniones bianuales en las cuales los magistrados de todo el país debaten y diseñan las políticas públicas destinadas a mejorar el servicio de Justicia. Son organizadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación junto con las tres entidades que agrupan a funcionarios y magistrados (Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional [AMFJN], Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires [JUFEJUS] y Federación Argentina de la Magistratura [FAM]).

En las últimas décadas, la creciente litigiosidad generó el congestionamiento de los tribunales y la consiguiente demora en obtener pronunciamientos judiciales.

 

Por otra parte, se advertía la ausencia de políticas comunes en materia de resolución de conflictos y la dificultad que algunos sectores de la sociedad tenían en el acceso a justicia, sobre todo aquellos de bajos recursos o que residen en zonas alejadas de los tribunales. La gran extensión del país y las numerosas modalidades de los programas que se desarrollan en los distintos niveles (locales, provinciales o regionales) dificultaban su conocimiento por parte de la sociedad y de los propios operadores jurídicos. A ello se sumaba que no existían estadísticas ni ningún otro tipo de evaluación y/o seguimiento de los sistemas implementados.

Esta situación motivó la creación de la CNAJ.